Le informamos que ya se ha publicado en el BOE del día 10 de junio 2020, el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, más conocido como el Decreto de la denominada «nueva normalidad» aprobado por el Gobierno.
En concreto, el Real Decreto-Ley 21/2020, de 9 de junio, establece para todo el territorio nacional una serie de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación, dirigidas a garantizar el derecho a la vida y a la protección de salud mientras perdure la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez que expire la vigencia del estado de alarma (21 de junio de 2020) y de las medidas extraordinarias establecidas a su amparo. Entre otras medidas, en el ámbito mercantil y societario se han producido los siguientes cambios:
Sesiones de los órganos de gobierno y de administración por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple, y votación de los acuerdos
Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 40 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, para:
Plazos de caducidad de los asientos registrales
Con efectos desde el 10 de junio de 2020, se alza la suspensión de los plazos de caducidad de los asientos registrales susceptibles de cancelación por el transcurso del tiempo (prevista en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo), reanudándose su cómputo en esa misma fecha.
Resolución de los contratos de compraventa de bienes o de prestación de servicios, y contratos de viaje combinado
Se modifican los apartados 1 y 4 del artículo 36 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, en el siguiente sentido:
Comunicaciones comerciales de las entidades que realicen una actividad de juego
Por otro lado, el artículo 37 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo relativo a las medidas de restricción a las comunicaciones comerciales de las entidades que realicen una actividad de juego regulada en la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, queda derogado.
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